Aunque el Congreso todavía no puso en marcha las reuniones formales de la Comisión de Energía y Combustibles, los debates técnicos y políticos no se detienen. En los márgenes del recinto y en reuniones informales entre bloques, dos proyectos cobran protagonismo en la agenda parlamentaria: un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) enfocado en el hidrógeno y una nueva ley de biocombustibles que busca aggiornar el marco regulatorio y abrir el juego a nuevos actores.

El RIGI para el hidrógeno se plantea como una apuesta estratégica a largo plazo. La idea es preparar al país para convertirse en productor y exportador de hidrógeno verde hacia 2030, aprovechando sus ventajas naturales como los vientos del sur y la capacidad instalada del sistema energético. “El hidrógeno se está pensando en un RIGI, pero para preparar la industria para que a partir del 2030 podamos empezar a exportarlo”, explicó el vicepresidente de la Comisión, Martín Maquieyra, en diálogo con surtidores.com.ar.

Aunque reconoció que hoy la producción de hidrógeno es cara, sostuvo que podría seguir una curva de desarrollo similar a la de las energías renovables, que con el tiempo lograron reducir sus costos. “Es posible que en el futuro haya autos a hidrógeno y que ese combustible se expenda en Estaciones de Servicio. No quiero generar expectativas, pero son alternativas que el mundo está explorando y Argentina no puede quedarse afuera”, afirmó.

En el caso de los biocombustibles, la discusión es más inmediata y con impacto directo en los precios en surtidor. Según Maquieyra, la actual legislación genera distorsiones: “Tenemos una ley muy proteccionista, lo que hace que el consumidor termine pagando más por un combustible que tiene un objetivo ambiental claro, pero un costo adicional”.

El objetivo del Gobierno es presentar un nuevo marco normativo que permita ampliar la participación de distintos sectores en la producción de biocombustibles. “La idea es salir de un esquema donde solo algunas industrias están habilitadas a producir. Cualquiera debería poder hacerlo: empresas agrícolas, petroleras o quien tenga capacidad. Eso genera competencia y ayuda a bajar los precios”, detalló.

Sin embargo, el legislador reconoció que este cambio genera resistencias: “Hay una industria que nació protegida y que invirtió mucho bajo esas reglas. Cambiar ahora implica un conflicto de intereses que aún no se pudo saldar, y eso es lo que retrasa el avance del proyecto”.

Por ahora, la Comisión de Energía no tiene reuniones en agenda ni proyectos con dictamen a la vista. “Ya se hicieron las reuniones informativas el año pasado y, sin acuerdos claros, no tiene sentido repetir oradores. Esperamos que se puedan destrabar consensos en los próximos meses”, subrayó Maquieyra.

A modo de conclusión, destacó el valor estratégico de ambas iniciativas para el futuro energético argentino: “Lo importante es que Argentina tiene petróleo de sobra y tiene en el sur vientos de sobra para generar hidrógeno. Solo depende un poco de nosotros poder ser parte de esa transición energética. Las Estaciones de Servicio van a seguir siendo claves, pero tienen que prepararse para lo que viene.”