En los últimos años, la electromovilidad ha dejado de ser una visión futurista para convertirse en una realidad concreta en América Latina. Paraguay, ha decidido posicionarse a la vanguardia de esta transformación, especialmente en el transporte público. El crecimiento del número de buses eléctricos en circulación ha impulsado una serie de decisiones institucionales que buscan dotar de respaldo técnico y normativo a esta nueva etapa. Una de ellas es la reactivación del Comité Técnico de Normas CTN 61, una estructura que acompaña el desarrollo de la movilidad sustentable en el país.

Este comité, a través de su Subcomité de Movilidad Sustentable, ha retomado sus funciones con un enfoque preciso: establecer normas que regulen de manera segura y eficiente el uso del transporte eléctrico. De acuerdo con el ingeniero Luis Fleitas, Director del Organismo Nacional de Normalización, el primer paso es definir estándares claros para baterías y componentes críticos, atendiendo a la necesidad de garantizar seguridad en un sistema de transporte que se está expandiendo rápidamente. El foco en las baterías no es casual: se trata del corazón de los vehículos eléctricos y también del punto más sensible en términos de seguridad, reciclaje y eficiencia.

Pero más allá de las cuestiones técnicas, este proceso encierra una dimensión estratégica para el desarrollo regional. Apostar por la electromovilidad en el transporte público significa reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, disminuir las emisiones de gases contaminantes y crear un nuevo ecosistema industrial y tecnológico. En este sentido, el fortalecimiento institucional y la elaboración de normas no son actos meramente administrativos, sino componentes esenciales de una política pública integral que mira al futuro.

Según explicó a Surtidores Latam, Gustavo Riveros, del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), el trabajo del subcomité se construye sobre la base de una participación amplia y diversa. Representantes del sector público, el ámbito académico y centros de investigación se sientan en la misma mesa para garantizar un enfoque integral. 

Entre los actores involucrados se destacan la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), el MIC (Ministerio de Industria y Comercio), el MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), el MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y universidades como la Universidad Nacional del Este (UNE), la Universidad Privada del Este (UPE) y la Universidad Católica (UCA).

Este diálogo institucional ha dado ya sus primeros frutos: el comité ha sido fundamental en la aprobación de cinco normas paraguayas clave para la movilidad eléctrica. Se trata de un paso decisivo para asegurar que la transición energética no solo sea innovadora, sino también ordenada, segura y con respaldo técnico. La dirección del subcomité está a cargo del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) junto con el PTI, a través de su Núcleo de Normativas Técnicas.

Uno de los desafíos inmediatos que enfrenta este espacio de trabajo es la regulación y operación de estaciones de carga para buses eléctricos. No se trata de instalaciones menores: por sus características técnicas, requieren potencias superiores a los 150 kW, lo que implica una infraestructura robusta y regulada. En las próximas reuniones, el comité convocará a representantes de nuevos entes públicos y privados, con el objetivo de consensuar criterios para su diseño, instalación y mantenimiento.

Esta etapa representa también una oportunidad para redefinir el papel de las Estaciones de Servicio tradicionales. Con el avance de la movilidad eléctrica, estos espacios podrían reconvertirse en centros multipropósito, incorporando cargadores eléctricos y ofreciendo servicios asociados a las nuevas tecnologías.