El Congreso de la República oficializó la creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC) mediante la Ley N.º 32315, con el objetivo de garantizar la reserva estratégica y el suministro continuo de hidrocarburos en el país. Esta nueva entidad privada sin fines de lucro gestionará la infraestructura estatal de almacenamiento de combustibles líquidos y GLP, y operará bajo supervisión del Osinergmin y lineamientos técnicos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La AIC se encargará de administrar instalaciones que no hayan sido concesionadas ni pertenezcan al sector privado, promoviendo proyectos de nueva infraestructura que pasarán a ser de propiedad estatal. Su financiamiento provendrá de los aportes obligatorios de los agentes del sector hidrocarburos, en cumplimiento con la normativa vigente, sin comprometer recursos del erario nacional.

César Gutiérrez Peña, ingeniero mecánico y expresidente de Petroperú, dialogó con Surtidores LATAM y se expresó acerca del tema. Según sostiene, la creación de la AIC responde a un esfuerzo político que quedó inserto —aunque poco visible— en el extenso debate nacional sobre la masificación del gas natural (GN), discusión que se extendió por más de cuatro años.

En dicho debate, señaló Gutiérrez, el verdadero interés de fondo era que los distribuidores por ductos buscaban que con fondos del público, a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), se nivelaran las tarifas para grandes consumidores regionales, desplazando así a los comercializadores. Ese esfuerzo resultó infructuoso, pero incluyó el planteamiento de la creación de la AIC, que pasó desapercibido en su momento.

Gutiérrez precisa que la infraestructura que construya la AIC será financiada mediante el Sistema de Seguridad Energética (SISE), un fondo alimentado por los consumidores desde el año 2012, en virtud de la Ley 29852. En ese sentido, critica que se esté creando un nuevo activo de propiedad estatal con recursos públicos, en lugar de exigir inversión privada.

“La razón de la creación de la AIC es el fracaso del Estado en poder exigir a los importadores y productores de combustibles que mantengan un stock de 15 días de su demanda, obligación que estuvo normada desde hace 32 años, con algunas singularidades en el camino como considerarlo como barrera burocrática de acceso al mercado por parte del organismo de la libre competencia (Indecopi), ante una solicitud del grupo Repsol en el Perú”, comentó el especialista. 

La vulnerabilidad del sistema energético nacional, agrega, quedó evidenciada en situaciones como los oleajes anómalos, fallas en el transporte de líquidos de GN o en la planta de separación de gas y líquidos en los yacimientos productores. Estos eventos dejaron claro que no existe una reserva eficiente para hacer frente a contingencias.

“Ahora serán los recursos de los consumidores los que financien la falta de inversión privada. Es un despropósito que amerita amplio debate en la reglamentación”, concluyó Gutiérrez, dejando en claro que la discusión no debe limitarse a lo técnico, sino también a los principios de equidad y responsabilidad en la política energética del país.