En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una serie de reformas constitucionales destinadas a transformar el sector energético en México. Este esfuerzo, conocido como el Plan de Rescate Energético, ha sido reiterado en el reciente Paquete de Reformas Constitucionales y será continuado por el próximo gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum. 

En diálogo con Surtidores Latam, Luis Guzmán, especialista en regulaciones, compartió su visión sobre estos cambios y el impacto que podrían tener en el país. Los cambios propuestos incluyen modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el objetivo de fortalecer el control del Estado sobre áreas estratégicas de la industria. 

Según Guzmán, «estas buscan asegurar que los recursos energéticos del país estén bajo control estatal, evitando el lucro y garantizando el acceso asequible a la energía para todos los mexicanos». La reforma en el artículo 25 introduce la sustitución de «empresas productivas del Estado» por «empresas públicas del Estado«. Esta nueva redacción, evidencia una intención clara de alejarse de un enfoque centrado en la rentabilidad comercial, promoviendo en su lugar un modelo de gestión orientado al bienestar social. 

El artículo 27 refuerza el control exclusivo del Estado sobre la planificación y gestión del sistema eléctrico nacional, prohibiendo concesiones en transmisión y distribución de electricidad. A su vez, el artículo 28 amplía la definición de monopolios estatales para incluir otros servicios. 

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados de la reforma es la reintegración de PEMEX y CFE como parte de una Secretaría de Estado, revirtiendo así su estatus como Empresas Productivas del Estado. Este movimiento, según el especialista, busca centralizar y fortalecer el control gubernamental sobre estas compañías, asegurando que operen con un enfoque en el servicio público y no en la rentabilidad.

La propuesta ha generado diversas reacciones, y por un lado, algunos sectores la ven como un paso necesario para garantizar la soberanía energética y reducir los costos para los consumidores. Asimismo existe preocupación entre los inversionistas privados, quienes podrían ver disminuidas sus oportunidades de participación en el sector. 

En este sentido, Guzmán destacó que «el dinamismo en temas energéticos siempre trae consigo tanto desafíos como oportunidades». Si bien la reforma puede limitar la inversión privada, también ofrece una nueva opción para mejorar la eficiencia y la rapidez de los procedimientos administrativos.

«Este cambio podría marcar el inicio de una nueva era en la gestión de los recursos energéticos del país, enfocada en la seguridad nacional y el bienestar social», sostuvo el experto. Sin embargo, estas acciones requerirán un equilibrio cuidadoso para asegurar que los beneficios prometidos se materialicen sin desincentivar la inversión y la innovación.