En la última sesión del órgano de gobierno, se avaló el proyecto en el que las pérdidas económicas de la petrolera por el huachicol de combustibles en ductos se pueda trasladar a los consumidores durante el año.

Desde 2020, se estableció una metodología que permitiera reducir el impacto en las finanzas de Pemex por el robo de gasolina y trasladar las pérdidas no operativas a los usuarios mediante los precios finales.

«Un proyecto de resolución de la CRE por el que se aprueba a Pemex Logística el costo trasladable de las pérdidas no operativas aplicable a los términos y condiciones para la prestación del servicio de transporte por ducto de petrolíferos, para el año 2023″, informó en su momento la Comisión Reguladora de Energía. 

Este hecho ha causado diferentes repercusiones entre los integrantes del sector gasolinero y la ciudadanía, ya que el costo de la reparación y mano de obra de los daños ocasionados por el hurto de los carburantes desembocará en el bolsillo de la comunidad. 

Maria Luisa Marcelino, Directora General de Grupo CIITA en dialogó con Surtidores Latam expresó: “El actual gobierno ha implementado una serie de medidas que hizo que esta tasa de robos disminuyera”. 

La misma continuó: “Para el 2016 se hicieron más de 10.100 tomas clandestinas, en 2019 fueron alrededor de 9.500. Ahí fue cuando empezó la batalla contra el huachicol, ya para 2022 esta cifra se redujo a 6.700 en promedio. En 2021 vuelve a subir siendo 7 mil las localizadas y para el 2022 fueron 8.900 los robos de este tipo”.

Diferentes integrantes involucrados en el mercado del combustible consideraron que se deberían aumentar los esfuerzos para atacar este problema de inseguridad desde raíz. 

Cabe señalar que el sector se ve atravesado por múltiples retos a superar este 2023, tanto en materia de normatividad y regulación.