Un informe elaborado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE) puso en el centro del debate los efectos fiscales de los subsidios y exoneraciones aplicadas a los combustibles en el Perú. 

De acuerdo a las cifras emitidas dentro del documento, el costo acumulado de estas medidas durante las últimas dos décadas en el país ha superado los S/ 32 mil millones.

El mayor componente de este gasto fue el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que ha demandado más de S/ 18 mil millones. Cabe mencionar que este mecanismo fue diseñado para evitar fluctuaciones abruptas en los precios de los combustibles y disminuir su impacto en la economía nacional.

Otro factor clave señalado en el informe es la pérdida fiscal derivada de las exoneraciones tributarias aplicadas en la Amazonía. Se estima que el Estado peruano dejó de recaudar más de S/ 10 mil millones entre 2003 y 2024 debido a estas medidas, principalmente por la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Asimismo, el informe detalló que el 68 % de esta pérdida fiscal está vinculada a la exoneración del ISC, mientras que el 32 % restante corresponde al IGV. Estas exoneraciones forman parte de la Ley 27037 de Promoción de la Inversión en Amazonía. La misma fue creada para fomentar el desarrollo en una de las regiones más postergadas del Perú. No obstante, diversos sectores han advertido que estas medidas han generado distorsiones económicas y fiscales.

Además del impacto en la recaudación, el documento señaló que las exoneraciones propiciaron el crecimiento de economías ilegales en la Amazonía, relacionadas con el contrabando de combustibles lo que generó pérdidas adicionales para el Estado y dificulta la fiscalización de la comercialización de hidrocarburos en la región.

Desde el IPE recomendaron una revisión profunda de estas políticas para evaluar su efectividad y su impacto en la economía nacional. En su análisis, el instituto sugiere explorar alternativas que permitan garantizar el desarrollo de la Amazonía sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

Por su parte, la SPH manifestó la importancia de implementar una estrategia integral que reduzca la dependencia del Perú a los combustibles importados. Entre las propuestas se encuentran el impulso de fuentes de energía alternativas y el fortalecimiento de la producción local de hidrocarburos.