La expectativa de un mejor año convive con una realidad mucho menos alentadora. Mientras los empresarios gasolineros mexicanos confían en que 2026 cerrará con resultados superiores a los del ejercicio anterior, los números de mayo muestran un mercado que todavía no consigue recuperar dinamismo y que enfrenta una creciente preocupación por el avance del robo, el huachicol y la competencia desleal.

De acuerdo con la encuesta mensual realizada por PetroIntelligence, en conjunto con ONEXPO Nacional y la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, apenas el 32 por ciento de los encuestados aseguró haber registrado volúmenes de ventas superiores a los obtenidos en mayo de 2025.

En consecuencia, cerca de siete de cada diez empresarios reconocieron que sus estaciones comercializaron cantidades iguales o inferiores a las del mismo período del año pasado, una señal que pone de manifiesto que la recuperación del consumo todavía presenta altibajos.

A ello se suma otro dato que llamó la atención entre los especialistas. Más de la mitad de los participantes señaló haber observado comportamientos atípicos en las ventas respecto de años anteriores, una situación que refleja cambios en la dinámica habitual del mercado.

Pese a que mayo no mostró los resultados esperados, los empresarios mantienen una visión favorable respecto del resto del año. De hecho, la mayoría de los consultados considera que las ventas de 2026 terminarán por encima de las registradas en 2025. Cerca del 60 por ciento proyecta incrementos de entre cero y diez por ciento, mientras que otro 22 por ciento cree que la mejora será incluso superior.

Este optimismo responde, en parte, a la expectativa de una recuperación gradual del consumo y a una mayor actividad económica en algunos sectores productivos. Sin embargo, la encuesta demuestra que el desempeño comercial no es la única preocupación de los expendedores.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento es el crecimiento de la percepción sobre el robo al consumidor. El 59 por ciento de los empresarios afirmó que esta problemática es hoy más grave en las zonas donde opera. El salto resulta significativo si se tiene en cuenta que en abril ese porcentaje había sido del 41 por ciento.

La diferencia evidencia que, en apenas un mes, aumentó considerablemente la inquietud respecto de las prácticas fraudulentas que afectan la confianza de los usuarios y perjudican a las estaciones que trabajan dentro del marco legal.

Para muchos empresarios, esta situación no sólo representa una competencia desleal, sino también un deterioro de la imagen del sector frente a los consumidores. La percepción respecto de la adulteración de combustibles y del mercado ilegal tampoco muestra señales alentadoras.

Seis de cada diez empresarios sostuvieron que la presencia del huachicol, la adulteración y el contrabando fiscal es actualmente mayor en sus regiones. Aunque el porcentaje disminuyó levemente frente al 62 por ciento registrado en abril, la cifra continúa siendo elevada y demuestra que las actividades ilícitas siguen teniendo una fuerte incidencia en distintas zonas del país.

La expansión de estas prácticas representa uno de los principales desafíos para el sector formal, ya que genera distorsiones en los precios, reduce la competitividad y afecta la rentabilidad de las estaciones de servicio. Otro de los aspectos destacados por los participantes de la encuesta está relacionado con los precios establecidos dentro del pacto voluntario impulsado por el Gobierno.

Según los comentarios recopilados por PetroIntelligence, los valores objetivo están provocando márgenes cada vez más estrechos, particularmente en el caso del diésel. La situación preocupa a los expendedores, que deben enfrentar un incremento de costos operativos y una menor capacidad para absorber variaciones en los precios.

Diversos empresarios sostienen que esta combinación termina afectando directamente la rentabilidad de las estaciones y limita las posibilidades de inversión. Entre las observaciones recogidas durante mayo también aparece una mayor actividad por parte de las autoridades.

Los encuestados destacaron que durante el mes se registraron más decomisos y clausuras vinculados con operaciones irregulares, una señal interpretada como un endurecimiento de los controles y de las acciones oficiales para combatir el mercado ilegal.