La estatal Petroperú designó a Edmundo Lizarzaburu Bolaños como nuevo presidente de su Directorio, en una decisión aprobada por la Junta General de Accionistas que apunta a reforzar la gobernanza en un momento particularmente delicado para la compañía. El nombramiento llega en paralelo a un proceso de reestructuración que busca ordenar las finanzas y mejorar la gestión operativa.
El nuevo titular del Directorio cuenta con más de dos décadas de experiencia en dirección estratégica, finanzas y compliance, además de una trayectoria vinculada a organismos internacionales y sectores clave como energía, banca y retail. Su perfil técnico y académico aparece alineado con la necesidad de implementar estándares más estrictos de control, transparencia y gestión de riesgos dentro de la empresa.
Sin embargo, el principal desafío no será institucional sino financiero. La empresa enfrenta una severa crisis de liquidez que ya impacta en sus operaciones: la refinería de Iquitos se encuentra paralizada y otras instalaciones estratégicas operan con restricciones. La compañía arrastra además una deuda millonaria y dificultades para acceder a crédito en condiciones sostenibles.
En ese contexto, la conducción de Lizarzaburu deberá lidiar con la urgencia de asegurar financiamiento, estimado en más de US$ 2.000 millones, para evitar la paralización de refinerías clave como Talara y Conchán. La presión es inmediata, ya que proveedores exigen pagos al contado y el suministro de crudo se ha vuelto más restrictivo en el mercado internacional.
A esto se suman cuestionamientos desde el sector privado. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía advirtió días atrás que un nuevo respaldo estatal implicaría riesgos fiscales si no existen avances concretos en la reestructuración. El gremio también señaló la falta de señales claras en materia de gobernanza, un punto que ahora queda bajo la responsabilidad directa del nuevo Directorio.
El frente político tampoco es menor. En los últimos meses se ha evidenciado una pérdida de respaldo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo para rescatar la empresa, lo que complica la toma de decisiones estructurales. A ello se suma la inestabilidad interna, marcada por cambios recurrentes en la dirección de la compañía.
Otro punto crítico es la caída en la participación de mercado de combustibles, que se ubica por debajo del 20%, lejos de niveles históricos.
Con este escenario, la gestión de Lizarzaburu arranca con una doble exigencia: estabilizar las finanzas en el corto plazo y recuperar la credibilidad institucional en el mediano. El margen de acción es acotado y el tiempo, según advierten desde la propia empresa, es cada vez más limitado.
