El robo de combustibles dejó de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza creciente para la seguridad energética de Costa Rica. Las cifras difundidas por la Refinadora Costarricense de Petróleo revelan la magnitud del fenómeno: desde 2018 se sustrajeron más de 35.2 millones de litros de hidrocarburos, generando pérdidas económicas superiores a los USD 27.1 millones.

El balance evidencia una actividad sostenida que impacta tanto en las finanzas de la empresa estatal como en la operación de una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento del país. En ese período se detectaron 1.380 perforaciones clandestinas en el poliducto, una modalidad utilizada por organizaciones dedicadas a extraer combustible directamente de la red de transporte.

Los registros muestran que el diésel continúa siendo el principal objetivo de estas maniobras, con alrededor de 18 millones de litros robados, equivalente al 51.2 por ciento del total. Le sigue el combustible para aviación Jet A-1, con 11.1 millones de litros, que representa el 31.8 por ciento. En conjunto, ambos productos concentran más del 80 por ciento del volumen sustraído.

Esta tendencia responde al alto valor comercial de ambos combustibles y a la fuerte demanda que mantienen en distintos sectores económicos. En el caso del diésel, su utilización masiva en el transporte de cargas, la maquinaria agrícola y la actividad industrial lo convierte en un producto atractivo para el mercado ilegal. El Jet A-1, por su parte, también ha sido vinculado por las autoridades a investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

Más allá del perjuicio económico, RECOPE advirtió que cada perforación clandestina representa un riesgo operativo de gran magnitud. La manipulación ilegal del poliducto puede provocar fugas, incendios, explosiones y daños ambientales, además de comprometer la continuidad del suministro de combustibles.

La presidenta ejecutiva de la empresa, Karla Montero, señaló que este tipo de acciones pone en peligro la vida de las personas y afecta directamente una infraestructura crítica para el funcionamiento del país, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia.

Las estadísticas también reflejan el esfuerzo realizado para perseguir este delito. Desde 2018, RECOPE presentó cerca de 950 denuncias ante las autoridades judiciales. De ese total, 673 expedientes permanecen en investigación y 86 personas ya fueron condenadas por su participación en hechos vinculados con la sustracción de hidrocarburos.

En respuesta a la creciente complejidad de estas operaciones, Costa Rica reforzó la coordinación entre la empresa estatal, los cuerpos policiales y el Poder Judicial. A ello se suman tareas permanentes de monitoreo sobre el poliducto y campañas para incentivar las denuncias ciudadanas cuando se detecta movimientos sospechosos en las cercanías de la infraestructura.

El país también cuenta desde 2020 con una legislación específica que sanciona el robo de combustibles con penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión. Sin embargo, las autoridades consideran que el avance de las organizaciones dedicadas a esta actividad exige actualizar las herramientas legales y operativas disponibles, motivo por el cual se analiza una nueva iniciativa para fortalecer la persecución penal.

Es importante remarcar que en distintos mercados de América Latina, el robo de combustibles evolucionó desde acciones oportunistas hacia esquemas organizados que afectan la logística, incrementan los costos operativos y obligan a destinar mayores recursos a la protección de ductos, terminales y centros de almacenamiento.