El Gobierno Nacional oficializó una nueva estructura de precios para los combustibles líquidos a nivel nacional. La medida, enmarcada dentro de las disposiciones de la Ley 2294 de 2023, busca mantener la sostenibilidad financiera del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y responde a las dinámicas internacionales del mercado energético.

Según la información divulgada, el Ingreso al Productor (IP) de la gasolina motor corriente (GMC) permanece en $10.456,10 por galón, manteniéndose estable respecto a la última actualización del 21 de marzo. En contraste, el ACPM sí presenta un incremento, alcanzando los $5.500,25 por galón.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la continuidad del régimen diferencial en zonas de frontera, aunque en esta ocasión no se reportan beneficios para la gasolina, mientras que para el ACPM se establece un beneficio promedio nacional del 0,14%. Norte de Santander lidera con un descuento del 0,29%, seguido por otros departamentos como Arauca y La Guajira. En cambio, el departamento del Cesar recibe el menor beneficio, con apenas un 0,06%.

En el caso del departamento de Nariño, históricamente uno de los más sensibles a las variaciones de precios debido a su ubicación y condiciones socioeconómicas, se fijan precios de referencia de $13.921 por galón de gasolina y $9.809 para el ACPM. Estos valores consolidan a Pasto como una de las ciudades con combustibles más económicos del país, en parte gracias a su inclusión dentro del régimen especial de frontera.

Desde el Ministerio se recordó que el país opera bajo dos esquemas de fijación de precios: libertad vigilada y libertad regulada. El primero se aplica en 25 municipios, donde los distribuidores pueden establecer libremente sus márgenes minoristas. En el resto del país, el precio máximo es definido por el Gobierno, limitando los márgenes de intermediación.

Adicionalmente, la normativa resalta que las estaciones de servicio en municipios de frontera continúan beneficiándose de cupos mensuales diferenciados, lo cual les permite ofrecer combustibles a precios más bajos mediante subsidios al IP, exenciones fiscales y una sobretasa reducida. 

Cabe mencionar que esta política del Ministerio de Minas y Energía busca frenar el contrabando de combustibles de países limítrofes con la idea de proteger a las economías locales.

Por último, se recordó que, conforme al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), los proveedores cuentan con un plazo de dos días hábiles desde la publicación oficial para ajustar sus precios. Este periodo es clave para evitar especulación y garantizar una transición ordenada en el mercado nacional de combustibles.