La presencia en las zonas afectadas y el vínculo con empresas abren interrogantes sobre la estrategia oficial frente a futuras contingencias.
La respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al terremoto que afectó a distintas regiones de Colombia no solo puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades. Para la Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE), el operativo también deja señales sobre cómo la nueva administración podría abordar situaciones que comprometan infraestructura, logística y abastecimiento energético.
El sismo ocurrió el 10 de agosto, apenas tres días después de la asunción del nuevo Gobierno, y tuvo una magnitud de 7,4. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, y los daños alcanzaron a departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y el propio Chocó, con afectaciones sobre viviendas e infraestructura.
En una emergencia de estas características, la continuidad del suministro de combustibles adquiere un papel operativo. Las Estaciones de Servicio necesitaron recibir el producto, mantener sus instalaciones en condiciones seguras y garantizar la atención a vehículos de emergencia, transporte y población. A esto se suma el funcionamiento de las rutas y de la infraestructura necesaria para movilizar combustibles hacia las zonas afectadas.
ACICE puso el foco en la coordinación territorial desplegada durante los primeros días. El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano participó en los Puestos de Mando Unificado y recorrió municipios de Caldas y del norte del Valle del Cauca. “Restrepo no dirigió la emergencia desde un escritorio en Bogotá”, señaló la asociación, al destacar los desplazamientos y el seguimiento de las necesidades directamente en las regiones.
Para los comercializadores de combustibles, ese vínculo entre las autoridades nacionales y quienes operan en territorio resulta especialmente relevante. Una emergencia puede modificar rutas de transporte, dificultar el acceso a determinadas localidades o generar una demanda extraordinaria de diésel y gasolina. En esos escenarios, las decisiones sobre movilidad, infraestructura y abastecimiento deben contemplar las condiciones reales de la cadena.
El análisis de ACICE también incluye la participación del sector privado. La asociación señaló que Restrepo convocó a empresarios a sumarse a #EmpresasUnidasPorColombia y que se trabajó junto con la Cancillería para canalizar asistencia internacional. La articulación adquiere particular importancia para actividades estratégicas como la energía, donde el Estado regula y supervisa buena parte de la cadena, pero son empresas privadas las que participan en múltiples etapas de la operación.
El desafío no termina con la atención de los damnificados. La reconstrucción implica recuperar infraestructura vial, redes, instalaciones y servicios que pueden resultar determinantes para el movimiento y comercialización de combustibles y otros energéticos. ACICE recogió en ese sentido la advertencia de Restrepo de que esta etapa “es significativamente más compleja” que la respuesta humanitaria inicial.
Desde la perspectiva de los comercializadores industriales, el terremoto se convierte así en una primera referencia para observar la relación entre el nuevo Gobierno y el sector energético. Más allá de la respuesta puntual ante el desastre, ACICE mencionó que seguirá de cerca si la coordinación territorial, el diálogo con las empresas y el conocimiento de la operación se traducen en políticas que permitan sostener el abastecimiento y la continuidad de los servicios energéticos frente a futuras contingencias.
