El debate por el futuro peaje de la Hidrovía Paraguay-Paraná dejó de estar limitado al transporte de granos. Para Paraguay, cualquier aumento en el precio de utilizar esa ruta puede repercutir sobre el ingreso de productos estratégicos, entre ellos los combustibles.

La preocupación surgió tras la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal, en el tramo argentino del río Paraná, a la empresa belga Jan De Nul, asociada con la argentina Servimagnus. El proceso abrió nuevos interrogantes sobre el valor que deberán abonar las embarcaciones y sobre la incidencia acumulada que los distintos cargos pueden generar en las cadenas de importación y exportación.

El sector privado cuestionó que el actual peaje de USD 1.30 por tonelada de registro neto pueda mantenerse durante los próximos 25 años o más. Según los gremios, ese valor no refleja adecuadamente la relación entre el monto abonado, las inversiones realizadas y los servicios efectivamente prestados.

De acuerdo con información difundida por la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales, Argentina analiza un esquema de aumento escalonado que podría llevar inicialmente la tarifa a USD 3.80 por tonelada de registro neto, con un techo proyectado de USD 5.78. La posibilidad forma parte de las conversaciones entre los actores involucrados y no constituye todavía un valor definitivo.

Como ya hemos informado desde Surtidores Latam, Paraguay depende de la navegación fluvial para una parte sustancial de su comercio exterior y utiliza esta vía para recibir combustibles, derivados del petróleo y otros insumos esenciales para su actividad económica.

El valor del transporte constituye uno de los componentes de una cadena logística más amplia. Una suba en un tramo puede sumarse a otros cargos, servicios y gastos operativos hasta aumentar el monto total de la operación. En el caso de los hidrocarburos, esa presión puede trasladarse al valor de importación y, eventualmente, incorporarse a la estructura de abastecimiento del mercado paraguayo.

La preocupación fue expresada por organizaciones vinculadas con el transporte fluvial, la industria, las importaciones y las exportaciones. En un comunicado conjunto, reclamaron que cualquier tarifa o peaje responda a una metodología clara, verificable y proporcional a los servicios prestados.

“Para un país mediterráneo, no basta con analizar individualmente cada peaje, concesión o intervención”, señalaron los gremios, que reclamaron considerar el valor total de movilizar la producción desde el origen hasta los mercados internacionales, así como el ingreso de productos e insumos críticos para la economía.

El debate presenta, además, una particularidad institucional. El Gobierno de Santiago Peña optó por no involucrarse, hasta el momento, directamente en una negociación que Argentina considera vinculada con los usuarios del tramo concesionado. Bajo esa lógica, la discusión comercial deberá ser llevada adelante por armadores y exportadores paraguayos ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación argentina.

Para las empresas, sin embargo, el problema excede una negociación entre privados. La falta de certezas sobre el esquema futuro genera preocupación en una economía que depende de la ruta fluvial para movilizar sus exportaciones e ingresar productos esenciales.

En el caso de los combustibles, la cuestión adquiere una importancia específica. Un aumento en los gastos de navegación no determinará por sí solo el precio final de los derivados, pero puede sumar presión sobre una cadena de abastecimiento condicionada por múltiples variables, desde el transporte marítimo y fluvial hasta el almacenamiento y la distribución interna.