Paraguay avanza en una discusión que puede modificar la estructura del sector energético durante los próximos años. La Mesa Energética Nacional volvió a reunirse este lunes con el objetivo de continuar el análisis de una reforma que apunta a ordenar las competencias del Estado, fortalecer la regulación y generar condiciones para una mayor participación privada.
Aunque buena parte de la discusión está vinculada con el crecimiento de la demanda eléctrica y la incorporación de nuevas fuentes, el alcance planteado por el Gobierno es más amplio. La propuesta contempla una planificación integrada que incluye electricidad, hidrocarburos, biomasa y energía solar, con cambios que podrían tener incidencia sobre distintos segmentos de la cadena energética.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la creación de un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos, que concentraría la definición de las políticas públicas del sector. A esto se sumaría un Ente Regulador de Energía, concebido como una institución independiente de los operadores estatales y del poder político.
La modificación busca separar con mayor claridad tres funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre diferentes organismos: la elaboración de políticas, la regulación de las actividades y la participación del Estado como operador.
Para el mercado de combustibles, esa eventual reorganización resulta particularmente relevante. Paraguay mantiene una fuerte presencia estatal a través de Petropar, mientras que la comercialización de naftas y gasoil está integrada por empresas privadas, distribuidoras y estaciones de servicio que operan bajo diferentes esquemas.
La creación de un regulador específico podría introducir una nueva instancia para supervisar actividades energéticas que hoy dependen de distintas dependencias públicas, al tiempo que establecería reglas comunes para los actores que participen en el mercado.
La discusión institucional ocurre mientras Paraguay intenta atraer capital privado para ampliar su infraestructura energética.
La especialista Cecilia Llamosas estimó que el país podría requerir entre USD 11.000 millones y USD 15.000 millones en inversiones durante los próximos 11 a 15 años para atender las necesidades de generación. Si bien esa cifra corresponde principalmente al sector eléctrico, refleja la magnitud del capital que el Gobierno busca movilizar mediante nuevas condiciones de inversión.
El interés privado ya comienza a observarse en proyectos concretos. Una futura planta solar de 140 MW en Loma Plata despertó el interés de más de 200 empresas durante la audiencia correspondiente al proyecto, según señaló Llamosas.
Para los hidrocarburos, el punto central pasa por determinar cómo quedará configurada la relación entre los organismos públicos y las compañías que participan de la importación, distribución y expendio de derivados del petróleo.
Por su parte, el especialista Victorio Oxilia sostuvo que los inversores necesitan reglas claras y previsibles para comprometer recursos de largo plazo. Bajo ese planteo, la autoridad regulatoria debería actuar con autonomía respecto de empresas estatales como la Administración Nacional de Electricidad y de las autoridades políticas.
El modelo también permitiría diferenciar al Estado según la función que desempeñe: como diseñador de políticas, como fiscalizador y, cuando corresponda, como participante empresarial.
Esa separación adquiere especial importancia en un mercado donde Petropar cumple simultáneamente un papel comercial y estratégico. Cualquier modificación institucional deberá definir cómo convivirá la empresa pública con un eventual nuevo marco regulatorio y con una mayor presencia de capital privado.
La discusión todavía no supone un cambio inmediato en el funcionamiento de las estaciones de servicio ni en la comercialización de combustibles. Sin embargo, el diseño que finalmente adopte el Gobierno puede determinar las condiciones bajo las cuales esas actividades se desarrollarán en los próximos años.
