El problema de los combustibles en Costa Rica empieza a ir más allá de cuánto cuesta llenar el tanque. Con una factura de importación que creció con fuerza durante 2026 y un mercado internacional condicionado por las tensiones geopolíticas, el país enfrenta un escenario en el que la evolución del petróleo puede repercutir tanto en los precios de las estaciones de servicio como en los costos de buena parte de la economía.
La advertencia llegó desde la Refinadora Costarricense de Petróleo. Su presidenta ejecutiva, Karla Montero, señaló que la incertidumbre internacional podría obligar a presentar nuevas solicitudes de ajuste tarifario antes de finalizar el año. Las tensiones en Medio Oriente y las fluctuaciones del tipo de cambio aparecen entre los factores que condicionan las próximas decisiones.
No se trata, por ahora, de un aumento confirmado. La funcionaria advirtió sobre la posibilidad de nuevos movimientos, sin anticipar su magnitud. RECOPE también aseguró que el abastecimiento está garantizado, por lo que el foco de atención se encuentra en el costo de los productos importados y su eventual traslado a las tarifas nacionales.
Los números ayudan a dimensionar la presión. Entre enero y septiembre de 2026, Costa Rica importó 19.85 millones de barriles de combustibles, un 5.5% más que durante el mismo período del año anterior. Sin embargo, el desembolso pasó de US$1.566 millones a US$2.267 millones, un incremento del 44.77%.
La diferencia entre el crecimiento del volumen adquirido y el del gasto refleja la incidencia de los precios sobre la factura energética. Para un país que depende de las compras externas para abastecer su mercado, las variaciones internacionales constituyen una fuente directa de presión económica.
En Costa Rica, las tarifas se ajustan mediante un procedimiento regulado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que contempla variables como las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio y los impuestos aplicables.
Por eso, el comportamiento del crudo no permite anticipar por sí solo el precio que pagarán los automovilistas. También importa la evolución de los derivados, los costos de adquisición y el resultado del trámite tarifario correspondiente.
La preocupación no se limita al gasto de los hogares. El diésel es un insumo esencial para el transporte de mercancías y pasajeros, además de intervenir en numerosas actividades productivas. Cuando su costo aumenta, la presión puede extenderse a las empresas y trasladarse, con cierto rezago, a los precios finales.
El presidente del Banco Central de Costa Rica, Róger Madrigal, advirtió sobre esa posibilidad al referirse al efecto del encarecimiento de los combustibles. El traslado no necesariamente se produce de inmediato: primero puede reflejarse en los costos de operación y distribución, antes de llegar a los consumidores mediante aumentos en bienes y servicios.
El efecto sobre cada estación depende de los márgenes aplicables, los volúmenes de venta y sus propios costos operativos.
Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, cuestionó la respuesta oficial y reclamó acciones para proteger a los hogares, los pequeños negocios y el sector agroalimentario. El dirigente sostuvo que, desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la gasolina regular acumuló un aumento del 36% y el diésel uno cercano al 60%, según las cifras que presentó públicamente.
Guillén mencionó como referencia los subsidios aplicados en Brasil al diésel y al gas doméstico, además de medidas tributarias temporales utilizadas en otros países. Su planteo apunta a la necesidad de amortiguar el impacto sobre los sectores más expuestos, aunque no presentó un programa detallado con medidas específicas para Costa Rica.
