El proyecto de Ley de Financiamiento presentado por el gobierno de Gustavo Petro al Congreso, con el objetivo de recaudar $12 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2025, está generando un gran debate en diversos sectores.

En ese sentido, aunque remarcan que la iniciativa incluye medidas positivas, organizaciones como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR) manifestaron serias preocupaciones por el impacto económico y social de algunas de las propuestas.

A través de un comunicado, desde la entidad destacaron que la disminución del impuesto de renta aliviaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan el 99.5% del tejido empresarial del país, impulsando la reactivación económica y la generación de empleo formal. Asimismo, la ampliación de los beneficios del IVA CREI hasta 2029 permitiría avanzar en la renovación del parque automotor de carga, cuya antigüedad promedio es de 21 años, posicionándolo como uno de los más antiguos de América Latina.

Sin embargo, la propuesta de aumentar el impuesto al carbono preocupa profundamente al sector transporte. Según COLFECAR, el artículo 21 de la reforma plantea un incremento que sumaría $487 por galón de diésel al costo final, acumulando un alza total de $1.287 en solo cuatro meses. 

“Este porcentaje no contempla los sobre costos que ya venimos asumiendo en materia de peajes, los mayores costos salariales y financieros más los costos ocultos por cuenta de los más de 1984 bloqueos en las vías nacionales por parte de comunidades inconformes, cierres viales por derrumbes y fallas en la infraestructura sumado a la ola de inseguridad”, argumentaron.

En ese sentido, desde el gremio también alertaron sobre el riesgo de inestabilidad social que podrían desencadenar estos aumentos. Cabe recordar que hace algunos meses, pequeños transportadores lograron frenar un incremento superior a $800 por galón mediante protestas, y de acuerdo a COFELCAR un nuevo ajuste podría reavivar las movilizaciones y generar un escenario de tensión con el gobierno. 

Otro punto crítico señalado es la modificación en la destinación del impuesto al carbono. Actualmente, el 80% del recaudo se destina a iniciativas ambientales y el 20% al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En esa línea, la reforma propone redirigir un 66% al Presupuesto General de la Nación sin asignación específica, reduciendo los recursos para programas ambientales y sociales. 

Es por ello que la organización propone que parte de este impuesto se destine al fondo de modernización del parque automotor, para apoyar a pequeños propietarios que no pueden renovar sus vehículos.