En medio del impulso de distintos países de Latinoamérica por reducir las emisiones de carbono, el país está desde hace algunos años, en una etapa de intenso debate sobre cómo llevar adelante su transición energética. Aunque el gobierno de Gustavo Petro asumió un discurso firme en torno a alcanzar las metas de cero emisiones para 2030 y 2050, diversos actores del sector de combustibles manifiestan su preocupación por la falta de una política clara que garantice una transformación ordenada, justa y con señales económicas suficientes para los empresarios.

En diálogo con Surtidores LATAM, Santiago Martínez Pinto, abogado especializado en el sector Oil & Gas y fundador de Faroo Legal, advirtió que la actual estrategia oficial está dejando de lado elementos clave para un cambio exitoso.

“En Colombia no hay incentivos regulatorios suficientes para quienes quieren apostar por combustibles más limpios”, sostuvo Martínez Pinto. Y va más allá: denunció que la transición se plantea de forma abrupta, sin hoja de ruta ni mecanismos concretos que acompañen a los empresarios del sector tradicional en su reconversión hacia modelos más sostenibles. Según él, esto no solo pone en riesgo inversiones millonarias, sino también la estabilidad fiscal del país.

El abogado manifestó que el actual gobierno considera a los combustibles líquidos derivados del petróleo como un veneno. “Así lo ha dicho el propio presidente, abiertamente. Y eso ha instalado un enfoque de ruptura, no programado ni estratégico, sino completamente disruptivo”, afirmó.

En ese sentido, expresó que ese enfoque radical desconoce el rol que todavía pueden cumplir estos energéticos en una transición gradual, sostenible y técnicamente viable.

Martínez Pinto remarcó que no se definieron señales regulatorias claras para fomentar la migración del negocio tradicional hacia opciones más limpias. “Hay un plan, pero las señales no existen. No hay políticas, ni incentivos, ni fondos que permitan dar ese paso”, señaló.

Dicha situación, según el experto, genera incertidumbre y frena decisiones de inversión en nuevas tecnologías o modelos de negocio que podrían contribuir a la reducción de emisiones.

Por último, recordó que una parte sustancial del presupuesto nacional depende de los ingresos provenientes de la industria de hidrocarburos. “Pretender eliminar de forma acelerada los combustibles líquidos es desconocer ese impacto y actuar en contra de la sostenibilidad fiscal”, concluyó Martinez Pinto.