Costa Rica lleva más de una década apostando por un diésel con bajo contenido de azufre, una política que hoy vuelve a cobrar protagonismo por su impacto sobre las emisiones, los motores y las tecnologías de control de contaminantes.

La Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica difundió una publicación en la que destacó que el diésel comercializado en el país tiene un límite de 50 partes por millón de azufre, señalando que esta característica favorece una combustión más limpia y el funcionamiento de los sistemas de control de emisiones instalados en los vehículos modernos.

Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con las mediciones oficiales. De acuerdo con ARESEP, durante 2022 el diésel distribuido en Costa Rica registró un promedio de 8.5 ppm de azufre, muy por debajo del máximo permitido de 50 ppm. La autoridad reguladora calificó entonces al producto como de un estándar superior al exigido por la normativa debido precisamente a su bajo contenido de azufre. 

La diferencia no es menor: los 50 ppm funcionan como un límite máximo, pero no significan que cada litro comercializado contenga esa concentración. Los controles muestran que el producto puede presentar valores considerablemente inferiores.

Costa Rica llegó a ese estándar después de un proceso sostenido de mejora. RECOPE señala que en 2011 introdujo el denominado Diésel 50, al pasar de una especificación de 500 a 50 ppm de azufre.

La evolución fue especialmente significativa para un mercado donde el diésel tiene un peso importante. Según ARESEP, es el combustible de mayor consumo del país, con una participación de 35.8% en los datos correspondientes a 2022. 

El bajo contenido de azufre también tiene una relación directa con la evolución tecnológica de los vehículos. La presencia de este elemento puede afectar los sistemas destinados al tratamiento de gases de escape, por lo que disponer de combustibles con menores concentraciones facilita la utilización de tecnologías modernas orientadas a disminuir las emisiones contaminantes.

La apuesta costarricense no quedó limitada a establecer una especificación para el producto. El país desarrolló además un sistema de vigilancia que alcanza distintos puntos de la cadena de suministro.

En 2025, ARESEP realizó 663 inspecciones en terminales de RECOPE, camiones cisterna y estaciones de servicio. La fiscalización incluyó las 420 estaciones activas del país: 410, equivalentes al 97.6%, cumplieron con la normativa vigente, mientras que 10 presentaron al menos una no conformidad. 

La propia ARESEP explicó que el control comprende la calidad, cantidad, precio y continuidad del suministro de gasolinas y diésel. En el caso de la calidad se analizan distintos parámetros y se pueden detectar problemas como contaminación con agua, sedimentos o adulteraciones. 

La estación de servicio, por lo tanto, aparece como el último eslabón de un proceso que comienza con la importación del combustible terminado, continúa con su almacenamiento y distribución a través de los planteles de RECOPE y los camiones cisterna, y culmina con la entrega al usuario. 

La Cámara de Empresarios del Combustible también puso el foco en ese último tramo. En una publicación de 2025, la entidad destacó que las estaciones cumplen un rol importante en la entrega eficiente y segura del producto, incluyendo aspectos como el mantenimiento de los equipos, la calibración de los dispensadores y el cumplimiento de las normas ambientales. 

El modelo incluso incorpora información para el consumidor. ARESEP ofrece actualmente una herramienta que permite localizar estaciones y consultar los resultados de calidad obtenidos en los análisis de los productos comercializados en cada establecimiento.