El Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto que redefine la metodología para determinar el ingreso al productor del ACPM, lo que en la práctica implicaría cambiar la forma en que se fijan los precios del combustible en el país. La medida alcanzaría a vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, que comenzarían a asumir incrementos graduales, mientras que el subsidio se mantendría exclusivamente para los transportadores de carga pesada. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el objetivo es dotar de mayor transparencia al sistema, alinear los costos con la realidad internacional y garantizar la sostenibilidad fiscal.

En esa línea, desde la Asociación de Estaciones de Servicio del Oriente Colombiano expusieron los principales lineamientos. El planteo apunta a un cambio estructural en la forma en que se determina el valor del combustible, con posibles efectos directos sobre transportistas, empresarios y consumidores.

Cabe mencionar que actualmente, el precio del diésel se encuentra parcialmente contenido por subsidios estatales, lo que ha permitido mantenerlo por debajo de los valores internacionales. Sin embargo, la iniciativa propone avanzar hacia un esquema más alineado con el mercado global, reduciendo el peso de estos subsidios y adoptando una metodología más transparente y sostenible.

En concreto, la nueva fórmula incluiría variables clave como la cotización internacional del petróleo, la tasa de cambio del dólar y los costos asociados a la importación o producción del combustible. De esta manera, el precio del ACPM reflejaría de forma más directa las condiciones reales del mercado energético internacional.

Desde ESOCOL sostienen que este ajuste responde a la necesidad de corregir distorsiones que se han acumulado en el sistema. Uno de los principales problemas es el creciente déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ha debido absorber la diferencia entre el precio interno y el externo del diésel, generando una fuerte presión sobre las finanzas públicas.

En esa línea, el objetivo central de la reforma es lograr un esquema más equilibrado que reduzca la dependencia de subsidios elevados y permita una mayor previsibilidad en el tiempo. Para el Estado, esto implicaría aliviar la carga fiscal y mejorar la sostenibilidad del sistema de precios de los combustibles.

No obstante, el cambio no estaría exento de impactos. Entre las principales consecuencias se prevén incrementos graduales en el precio del ACPM, necesarios para acercarlo a los niveles internacionales. Según estimaciones del sector, el ajuste podría implicar subas de varios miles de pesos por galón en el mediano plazo.

Este contexto compartieron que un aumento en el costo del combustible podría trasladarse rápidamente a los costos logísticos, afectando la cadena de distribución y, en última instancia, los precios de alimentos y bienes de consumo masivo.

Para las Estaciones de Servicio, el nuevo esquema también plantea desafíos y oportunidades. Por un lado, se avanzaría hacia una mayor claridad en la formación de precios; por otro, la volatilidad internacional podría trasladarse con mayor rapidez al mercado interno, obligando a los operadores a adaptarse a un entorno más dinámico.