Mientras el gobierno mexicano sostiene valores máximos para la gasolina Magna y el diésel mediante estímulos fiscales, la presión se traslada con fuerza a las cuentas públicas y a la operación.

Entre fines de febrero y comienzos de mayo, el mercado operó bajo una lógica clara: aumento de costos en terminales, reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y deterioro progresivo de los márgenes brutos. Así lo detalló a Surtidores Latam el especialista energético Ramses Pech, quien advirtió que las estaciones enfrentan una contracción sostenida en su rentabilidad.

De acuerdo con su análisis, la gasolina regular redujo sus márgenes en torno al 11 por ciento, la premium cerca de un 27 por ciento y el diésel hasta un 39,6 por ciento en el período analizado. “El mercado se mantiene abierto, pero con una intervención semanal directa sobre los precios a través de los estímulos”, explicó, al describir un esquema donde el Estado define el equilibrio entre recaudación, inflación y rentabilidad del sector.

La estrategia oficial, ejecutada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apunta a contener el impacto del encarecimiento internacional del crudo sobre el consumidor. Para ello, se reduce el IEPS y se fijan precios tope, como ocurre con la Magna en 24 pesos y el diésel en 27. Sin embargo, este mecanismo implica resignar ingresos de manera creciente.

Solo en marzo, el costo fiscal de estos estímulos alcanzó los 11.700 millones de pesos. En términos semanales, el esfuerzo ronda los 2.500 millones, y en las últimas diez semanas la pérdida acumulada supera los 24.800 millones. Si la tendencia se mantiene, las proyecciones privadas anticipan un impacto anual que podría superar los 129.000 millones de pesos.

El diésel concentra la mayor parte de ese esfuerzo, con más del 60 por ciento del total, lo que refleja su rol central en la economía. Este combustible sostiene la mayor parte del transporte de carga y pasajeros, por lo que su precio incide directamente en la dinámica de alimentos, logística e industria.

El acuerdo para fijar su valor en 27 pesos por litro actúa como un freno inflacionario, pero traslada el ajuste hacia otros eslabones. Según Pech, si no se modifican las variables internacionales ni el nivel de estímulos, las estaciones deberán absorber la diferencia, llevando sus márgenes a niveles cercanos a 1,48 pesos por litro. “Eso implica operar con niveles muy ajustados, especialmente para las estaciones pequeñas e independientes”, relató.

El esquema también deja al descubierto límites fiscales. La menor recaudación por IEPS reduce los ingresos tributarios y presiona el balance público, con un impacto estimado en torno al 0,14 por ciento del PIB. A medida que el precio del petróleo se mantiene elevado, la capacidad de sostener este mecanismo se vuelve más exigente.

Con el barril de Brent en torno a los 119 dólares y un panorama internacional atravesado por alta volatilidad, el equilibrio entre precios, subsidios y rentabilidad aparece cada vez más ajustado. El esquema cumple su función inmediata al contener el impacto en el consumidor, pero distribuye el costo entre el Estado, que resigna ingresos, y los operadores, que ven reducida su rentabilidad.