La reglamentación de la Ley de Etanol en Paraguay sigue generando repercusiones en el sector energético y productivo. En un momento internacional atravesado por la suba del petróleo y la incertidumbre en rutas como el estrecho de Ormuz, el país reafirma una estrategia que busca reducir su dependencia externa con base en recursos propios.

El decreto firmado el 2 de mayo por el presidente Santiago Peña establece que al menos el 50% del alcohol utilizado en la mezcla obligatoria de combustibles deberá provenir de caña de azúcar nacional. La decisión introduce una señal directa al mercado, garantizar demanda para la producción local y darle previsibilidad a un sector históricamente expuesto a la competencia del etanol importado.

Desde el Gobierno, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sostuvo que la medida corrige un rezago estructural al asegurar condiciones más estables para los cañicultores. Según planteó, el nuevo esquema abre oportunidades para pequeños productores y será acompañado por herramientas de financiamiento y capacitación. La presencia del titular de Agricultura, Carlos Giménez, en el anuncio reforzó el mensaje de una política que articula campo e industria.

Desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables señalaron a Surtidores Latam que la reglamentación “envía una señal clara de crecimiento”, al generar condiciones de mayor estabilidad para planificar producción y abastecimiento. 

Paraguay cuenta hoy con nueve plantas habilitadas para producir biodiésel, aunque solo entre tres y cuatro operan de manera sostenida. Con una capacidad instalada de 240 millones de litros anuales, existe margen suficiente para responder a una expansión del mercado sin necesidad inmediata de grandes inversiones.

En el plano operativo, la medida también impacta de forma directa sobre la logística y el abastecimiento de combustibles. Un mayor contenido de etanol de origen local reduce la exposición a interrupciones en las importaciones de nafta base o aditivos, algo especialmente sensible en escenarios internacionales inestables. Esto se traduce en una mayor previsibilidad en la disponibilidad de producto y en la posibilidad de sostener la oferta sin depender exclusivamente de la volatilidad externa.

La medida se inscribe en un proceso que comenzó en febrero de 2025, cuando el país estableció una mezcla obligatoria del 30% de etanol en gasolinas, un nivel inédito a escala global. Aquella decisión no sólo elevó el corte, sino que también ordenó al mercado eliminar prácticas comerciales que generaban confusión sobre la composición de los combustibles y al restringir el uso de aditivos derivados del petróleo.

El nuevo decreto suma ahora herramientas de control y sanción para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa, un punto donde muchas políticas de la región suelen diluirse. Además, incorpora un calendario de oferta de alcohol según volumen y materia prima, lo que introduce previsibilidad en una cadena productiva atravesada por la estacionalidad.