El combate al huachicol vuelve a quedar en entredicho. En 2025, el robo de combustibles en México no sólo no se contuvo, sino que creció con fuerza, exponiendo una contradicción difícil de explicar: menos tomas clandestinas detectadas, pero más volumen sustraído y mayores pérdidas económicas para Pemex en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según el reporte financiero enviado a la Comisión de Bolsa y Valores, United States Securities and Exchange Commission, la petrolera estatal registró pérdidas por 23.491 millones de pesos, unos 1.300 millones de dólares, derivadas del robo de combustibles, lo que representa un incremento de 14,4 por ciento respecto a 2024. En paralelo, el volumen promedio sustraído alcanzó los 19.600 barriles diarios, un 15 por ciento más que el año anterior.

El dato que más ruido genera no está solo en el crecimiento del delito, sino en su transformación. Mientras las tomas clandestinas identificadas bajaron de 11.774 a 10.591 entre 2024 y 2025, el negocio ilegal siguió expandiéndose. Para la propia empresa, esto no refleja una mejora, sino un cambio en las dinámicas operativas de las redes criminales, que hoy logran extraer más combustible con menos intervenciones visibles.

“Las medidas que hemos tomado en conjunto con el gobierno mexicano no han dado como resultado una mejora sostenida”, reconoció Pemex en uno de los pasajes más contundentes del informe. La afirmación no solo expone limitaciones en la estrategia oficial, sino que confirma que el problema está lejos de resolverse.

A esto se suma un factor aún más sensible: la petrolera admitió el riesgo de que trabajadores o funcionarios públicos participen, o sean percibidos como participantes, en el mercado ilícito de combustibles. Esta posible permeabilidad interna complica cualquier intento de control y pone en jaque la efectividad de los operativos.

En términos operativos, el impacto del huachicol trasciende a la propia empresa. Para el mercado formal, especialmente estaciones de servicio, implica distorsiones en precios, competencia desleal y riesgos de abastecimiento. La experiencia de 2019, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que decisiones drásticas, como el cierre de ductos, pueden derivar en desabasto, compras de pánico y largas filas en gasolineras.

Según pudo constatar Surtidores Latam, a pesar del refuerzo en vigilancia, el uso de tecnología para monitoreo de ductos y la coordinación con fuerzas federales, Pemex reconoce que las redes delictivas ganaron en sofisticación y alcance, dificultando su erradicación.

Incluso, el impacto económico podría ser mucho mayor al reportado oficialmente. El excomisionado Francisco Barnés de Castro estimó que las pérdidas reales por robo de combustibles habrían alcanzado al menos 123 mil millones de pesos en 2025. De ser así, el huachicol se consolidaría como una de las principales fugas financieras del sistema energético mexicano.