El incremento en el precio del ACPM y la gasolina reavivó la tensión entre los gremios de transportadores de carga y el Gobierno Nacional. Con un aumento de $76 en el diésel, el galón ahora se ubica en $10.536. En esta nueva actualización, Cali se posiciona como la ciudad con el diesel más costoso, alcanzando los $10.983 por galón, mientras que Cúcuta registra el precio más bajo, con $8.503.
Los transportadores denuncian que se están incumpliendo los acuerdos previos alcanzados tras el paro de camioneros y advierten sobre los impactos negativos en la economía del país.
De acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), el ACPM experimentó un aumento del 15% desde enero de 2024. A esto se suman otros factores como el alza del 27% en los peajes y los costos adicionales generados por los constantes bloqueos viales, los cuales afectaron la productividad del sector.
Cabe señalar que el compromiso con el Gobierno establecía que el precio del diésel se mantendría congelado hasta la definición de una nueva fórmula de fijación de precios. Sin embargo, las mesas de diálogo que debían abordar este tema fueron suspendidas debido a los cambios que se produjeron de manera reciente en los ministerios de Hacienda y Minas.
Por su parte, desde la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), explicaron que parte del incremento se debe a un decreto que establece un aumento de $35 cómo ingreso al productor, beneficiando directamente a Ecopetrol.
Según informaron, esta medida es injustificada, ya que el precio del diésel a nivel nacional sigue dependiendo de referencias internacionales a pesar de que el país refina localmente gran parte del combustible que consume.
Los transportadores sostienen que el diésel representa aproximadamente el 40% de los costos operativos del sector, por lo que cualquier aumento tiene un impacto inmediato en los fletes y, por ende, en el costo del transporte de mercancías y bienes de consumo.
Asimismo, el Gobierno de Gustavo Petro defendió la medida argumentando que es necesaria para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según las autoridades, el ajuste tarifario busca garantizar la sostenibilidad financiera del sector energético y alinear los precios locales con los costos internacionales de producción y distribución.
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