El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles volvió al centro de la discusión en Perú. El mecanismo, diseñado para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo sobre los precios internos, enfrenta actualmente una deuda cercana a S/990 millones con empresas petroleras. Carlos Almeida Hidalgo, consultor de Energía, ingeniero y maestro en Finanzas, compartió con Surtidores LATAM un análisis sobre su funcionamiento y las dificultades que atraviesa.
“En términos simples es un mecanismo que amortigua, no elimina el traslado inmediato del precio internacional del petróleo hacia el surtidor”, explicó Almeida Hidalgo al describir el objetivo del FEPC. La diferencia es importante para entender su funcionamiento: el fondo no busca impedir que las cotizaciones internacionales tengan impacto sobre el mercado local, sino moderar la velocidad con la que ese efecto llega al precio de los combustibles.
El especialista también marcó distancia con la idea de un subsidio permanente. “No es control de precios, y no es gratis”, sostuvo. En su explicación, lo definió como “un colchón temporal” cuyo propósito es “suavizar shocks de corto plazo, no sostener precios bajos indefinidamente”. El problema aparece cuando ese colchón acumula obligaciones y pierde capacidad para cumplir con esa función.
“Ese colchón lleva años deshilachado”, advirtió Almeida Hidalgo. Según su análisis, la deuda acumulada con las empresas petroleras llevó a que varias compañías se retiraran del esquema. Como consecuencia, “hoy el fondo opera con una efectividad limitada justo cuando más se necesita”. El escenario adquiere relevancia para toda la cadena de combustibles porque una menor capacidad de amortiguación puede aumentar la exposición del mercado local a las variaciones internacionales.
La experiencia peruana tiene un punto de comparación en Colombia. Allí también existe un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado con el objetivo de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones internacionales. La documentación oficial colombiana explica que el sistema contempla diferencias entre el precio internacional de referencia y el precio interno, generando compensaciones o aportes según el comportamiento de esas variables.
Pero Colombia atraviesa una discusión diferente sobre la sostenibilidad del mecanismo. En enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía informó medidas orientadas a ordenar el FEPC, reducir el déficit y focalizar los beneficios. Posteriormente, el Gobierno anunció modificaciones para evitar que determinados consumos industriales continuaran recibiendo estabilización a través del fondo, argumentando que esos recursos debían concentrarse en los consumidores finales.
El contraste entre ambos mercados muestra que el desafío no se limita a amortiguar una suba del petróleo. En Perú, Almeida Hidalgo pone el foco en un fondo cuya deuda alcanza S/990 millones y cuya participación empresarial se redujo; en Colombia, las autoridades vienen modificando el esquema para contener su impacto fiscal y focalizar los beneficios. En ambos casos, el funcionamiento del mecanismo termina teniendo incidencia sobre la formación del precio de los combustibles y, por esa vía, sobre las condiciones que enfrentan los actores de la cadena.
El debate peruano continuará, según adelantó Almeida Hidalgo, con otros aspectos del FEPC: su origen, el funcionamiento de las bandas de precios, quién lo administra, las causas de la deuda, sus ventajas, los riesgos fiscales y las experiencias de otros países. Mientras tanto, en Colombia el Ministerio de Minas y Energía informó en marzo de 2026 que trabajaba en una nueva metodología para el cálculo del precio del ACPM basada en referencias internacionales y actualizaciones semanales, articulada con el FEPC para mejorar la eficiencia del sistema y reducir presiones fiscales.
