El hurto de hidrocarburos, continúa representando un desafío significativo en México, persistiendo a pesar de los esfuerzos por combatirlo. Recientes operativos de la Guardia Nacional han puesto de manifiesto la magnitud del problema, con el descubrimiento de tomas clandestinas y la confiscación de grandes cantidades de carburante ilegalmente obtenido.

En este sentido, agentes de la Guardia Nacional aseguraron más de cinco mil litros de gasolina robada y diez camionetas en Hidalgo, destacando la continua batalla contra el huachicol. El hallazgo incluyó una manguera de 200 metros conectada a una toma clandestina de hidrocarburos, descubierta cerca de la carretera federal Tulancingo-Pachuca en el municipio de Epazoyucan.

Durante labores de patrullaje, los uniformados, junto con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), detectaron una perforación irregular en un ducto. «Las autoridades informaron que la manguera hallada conducía a diez vehículos abandonados que transportaban un total de 86 contenedores de diferentes tamaños, 26 de ellos cargados con aproximadamente 5.600 litros de combustible», se detalló en el comunicado oficial.

Asimismo, en los últimos cuatro meses, se ha extendido el robo de turbosina, un carburante utilizado exclusivamente en aeronaves. Personal de Pemex y de Protección Civil de la Ciudad de México confirmaron esta problemática durante una reunión informativa con los vecinos de las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, ubicadas cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

«Se ha dicho que el huachicol va disminuyendo, pero no, en realidad vemos los números y va en aumento», señaló Andrés Gutiérrez Torres, expresidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) a este medio.

«El hecho de los productos adulterados evita que Pemex pueda tener un precio competitivo, porque el adulterado es más económico que el producto de Pemex, entonces eso le pega a la paraestatal», añadió.

Los especialistas en el tema remarcan que este hecho no solo implica pérdidas económicas, sino también riesgos significativos para la seguridad pública. Las tomas clandestinas pueden causar explosiones y fugas, poniendo en peligro a las personas y el medio ambiente. Las comunidades afectadas, como aquellas cercanas al aeropuerto capitalino, viven con el temor constante de un accidente catastrófico.