Nuevamente los estacioneros enfrentan el riesgo de una mayor carga de responsabilidad y burocracia sobre su operativa diaria. En este caso se trata de una iniciativa, impulsada por la diputada Natalia Lorena Dziakowski (Acuerdo Cívico – UCR + GEN), presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores.

El proyecto (ver al pie), que se encuentra en análisis, establece que las Estaciones de Servicio de la provincia deberán informar de manera clara y accesible sobre la falta de cualquier tipo de combustible, detallando la causa. Según explicó a surtidores.com.ar, Dziakowski, esta medida busca garantizar el derecho de los usuarios a tener la información necesaria para decidir qué tipo de combustible desean adquirir, ya sea una opción premium o una alternativa de menor costo y octanaje.

«Las Estaciones de Servicio, en su rol de proveedoras de un insumo fundamental como es el combustible, tienen la obligación de informar a los clientes sobre la disponibilidad de sus productos. Los ciudadanos deben poder elegir el tipo de combustible que se ajuste a sus necesidades y presupuesto, sin sorpresas al momento de cargar,» declaró la legisladora.

Para la parlamentaria, este principio de libertad de elección, “está amparado en las leyes de protección al consumidor vigentes, que exigen a los vendedores de bienes y servicios brindar una información clara y completa”.

En cuanto a los costos que la puesta en marcha de esta norma podría representar para las bocas de expendio, Dziakowski aseguró que serían mínimos. «Es una acción que puede implementarse de diversas maneras, desde carteles simples hasta avisos digitales en las estaciones. No es necesario realizar una gran erogación de dinero«, expresó.

Asimismo, descartó que las inspecciones por parte de los municipios o autoridades provinciales impliquen una carga significativa, ya que estas verificaciones podrían integrarse fácilmente a los controles de rutina.

La legisladora también resaltó que el proyecto se inspira en una experiencia similar implementada en Mendoza. En esa provincia, el entonces diputado nacional José Luis Ramón, actual presidente de la asociación Protectora Fuerza Política, promovió una iniciativa comparable que también buscaba proteger el derecho de los consumidores a estar informados.

De acuerdo a las afirmaciones de Dziakowski, el expediente será tratado este martes en el recinto para su sanción, el cual luego deberá pasar al senado bonaerense y en una tercera instancia, el Poder Ejecutivo implementará su reglamentación para este sector clave para la movilidad de la provincia.