Con la nueva reforma tributaria se espera recaudar un total de 20 billones de pesos anuales. La misma, se trata de una apuesta del gobierno de Gustavo Petro que cumple hoy sus primeros 100 días en el poder.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que dicha ley ayudará a «erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno«.

Eduardo Arango Visbal, Gerente del Grupo Estaciones de Servicio Arazul, conversó con Surtidores LATAM acerca de los efectos en el sector de los distribuidores minoristas de combustibles. “La nueva reforma tributaria en nuestro país, entre otras novedades, tiene programado nuevos impuestos”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la misma plantea que este será un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos.

“Este impuesto encarecerá el precio final de los productos”, afirmó el referente de Grupo Arazul que administra 6 Estaciones de Servicio a nivel nacional. En referencia a otro de los puntos sobresalientes de la ley, comentó que el gobierno de Gustavo Petro tiene en marcha la política de quitar el subsidio a los combustibles.

Asimismo puntualizó: “Se plantea hacer que los mismos coticen al precio internacional, lo que también hará que se incremente de forma exponencial para el consumidor final”.

“Desde nuestra posición en el sector de los distribuidores minoristas de combustibles, creemos que estas políticas harán que se disminuya el consumo de estos productos de manera muy notoria”, analizó.

Cabe señalar que otra de las promesas de campaña del primer mandatario, consistía en iniciar una transición energética con la finalidad de que Colombia sustituya gradualmente las exportaciones de petróleo.

“Estamos completamente de acuerdo, debe ser bien programada pues en nuestro país los productos fósiles le dan al erario público cerca del 50 por ciento de sus ingresos para todos sus programas sociales y de infraestructura”, subrayó Arango.