Mientras el mercado energético internacional comienza a mostrar señales de alivio tras los avances diplomáticos en Medio Oriente, en México continúa el debate sobre la viabilidad del acuerdo de precios aplicado al diésel. Según datos difundidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, apenas el 78 por ciento de las aproximadamente 13.400 estaciones de servicio del país logra cumplir actualmente con la tarifa de referencia establecida para este combustible, una situación que refleja las dificultades operativas que enfrenta buena parte de la red de expendio.
El tema fue abordado durante la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y Diésel, organizada por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Allí, el presidente del organismo, Enrique Félix Robelo, explicó que las diferencias logísticas existentes entre las distintas regiones mexicanas representan uno de los principales obstáculos para aplicar un valor homogéneo en todo el territorio.
“Hay que esperar dos semanas a que los precios de referencia internacional empiezan a reflejarse en el mercado”, sostuvo el dirigente empresarial al referirse a la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo luego del acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que permitió restablecer el tránsito comercial por el estratégico estrecho de Ormuz.
Félix Robelo recordó que el acuerdo sobre el costo del diésel fue concebido como una medida temporal y que su continuidad deberá ser evaluada nuevamente junto a las autoridades energéticas en las próximas semanas. Según explicó, los empresarios esperan ser convocados por la Secretaría de Energía para analizar el comportamiento del mercado y determinar si las condiciones actuales justifican mantener el esquema vigente.
Desde la perspectiva del sector gasolinero, uno de los factores que más condiciona el cumplimiento del valor acordado es el costo asociado al transporte de combustibles. Las estaciones ubicadas a mayores distancias de las terminales de almacenamiento enfrentan gastos logísticos superiores que terminan impactando directamente sobre los márgenes de comercialización.
“El ideal sería que el diésel vuelva a liberarse y se consideren los costos reales de transporte desde las terminales de almacenamiento, en lugar de aplicar precios homologados para todo el país”, señaló el presidente de Onexpo.
La situación adquiere especial relevancia si se considera que el diésel constituye un insumo fundamental para el transporte de mercancías, pasajeros y maquinaria pesada, por lo que cualquier modificación en su valor tiene efectos directos sobre numerosas actividades económicas.
A esta presión se suma otro fenómeno que actualmente preocupa a los expendedores: el aumento de la demanda sobre la infraestructura logística de Petróleos Mexicanos. La disminución de las importaciones privadas obligó a una cantidad creciente de estaciones a volver a abastecerse mediante la empresa estatal, generando mayores exigencias sobre los sistemas de distribución.
No obstante, Félix Robelo descartó que exista un problema de desabasto generalizado en el país. Según explicó, Pemex dispone del volumen necesario para atender la demanda nacional, aunque reconoció que se registran retrasos puntuales en algunas regiones debido al incremento de operaciones y a la complejidad de ciertos recorridos de transporte.
“El problema no es la disponibilidad del producto, sino la capacidad logística para atender a un mayor número de clientes con la misma infraestructura de distribución”, explicó durante el encuentro.
Más allá de la coyuntura, el dirigente aprovechó la jornada para insistir en la necesidad de fortalecer la seguridad energética mexicana mediante mercados ordenados, abastecimiento oportuno y mayor confianza en los actores formales de la cadena de combustibles.
“Una industria ordenada, transparente y comprometida con el cumplimiento ayuda a combatir el mercado ilícito, protege la recaudación pública, genera condiciones de competencia justa y ofrece mayor certeza al consumidor”, manifestó.
El presidente de Onexpo sostuvo además que la cadena de valor de los combustibles involucra a familias, productores, comercios, industrias y servicios públicos, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento repercute sobre la movilidad y la actividad económica de millones de personas.
