El conflicto de raíz surgió debido a que la planta alcoholera de PETROPAR, ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche, no logra procesar la totalidad de la caña cultivada en la zona, dejando año tras año miles de toneladas sin destino.

El origen del reclamo radica en la paralización del nuevo tren de molienda, una obra adjudicada en 2021 por cerca de G. 198.000 millones a la empresa Estructura Ingeniería S.A. El proyecto, que busca duplicar la capacidad de procesamiento de la planta, fue detenido en 2023 pese a estar ejecutado en más de un 80 %.

Según datos del sector, la planta actual puede moler unas 350.000 toneladas de caña por año, cifra insuficiente para absorber la producción local. Esto genera pérdidas estimadas en hasta el 40 % de la cosecha, ya que la caña dulce debe procesarse en pocos días luego del corte para mantener su calidad.

“El problema no es solo económico: detrás de cada hectárea perdida hay familias enteras que dependen de esta industria”, expresaron dirigentes cañicultores.

En el día de ayer, tras 17 días de protesta y bloqueos intermitentes en la Ruta PY02, PETROPAR se comprometió a retomar el proyecto del nuevo tren de molienda mediante una nueva licitación, con el objetivo de que entre en funcionamiento en septiembre de 2026.

La petrolera estatal también garantizó la compra total de la materia prima disponible al precio vigente de G. 266.500 por tonelada, y autorizó que el excedente pueda ser vendido a empresas privadas.

A cambio, los cañicultores levantaron los bloqueos y acordaron mantener un diálogo permanente con el gobierno para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El acuerdo fue firmado por el titular de Petropar, Eddie Jara; los ministros de Industria, Javier Giménez, y el de Agricultura, Carlos Giménez. Igualmente, suscribieron el acuerdo los gobernadores César Sosa, y Marcelo Soto, de Guairá y Caaguazú, respectivamente. Por la Asociación de Cañicultores firmó su presidente, Cristhian Fonseca.