Según un informe de la Contraloría General de la República, la falta de medidas para recuperar más de S/4,7 millones adeudados por conductores que convirtieron sus vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) amenaza la sostenibilidad del programa Ahorro GNV y pone en peligro los objetivos de masificación del gas natural.

De acuerdo al documento, la falta de supervisión y control por parte de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) permitió que la deuda se acumule desde 2021 sin acciones concretas de recuperación.

Cabe mencionar que el programa Ahorro GNV fue creado con el objetivo de financiar la conversión de vehículos de gasolina y Gas Licuado de Petróleo al sistema de GNV sin cuota inicial ni intereses. Los beneficiarios deben devolver el monto en un plazo de tres años, ya sea mediante un porcentaje adicional en el consumo de gas o a través de depósitos directos. 

Sin embargo, el informe de la Contraloría reveló que 96 beneficiarios no han realizado ningún pago desde 2021, generando una deuda de S/368.942, mientras que más de 2.100 usuarios presentan morosidad superior a 90 días, acumulando un total de S/4,3 millones impagos.

De acuerdo a la entidad, en 2021, la deuda por impago de Ahorro GNV ascendía a S/130.212, pero al cierre de 2024, el monto superó los S/4,7 millones. Pese a la existencia de normativas que obligan a reportar a los morosos a una central de riesgos, no se implementaron estas medidas de manera oportuna, lo que generó un impacto negativo en la sostenibilidad del programa y en la disponibilidad de fondos para futuras conversiones. 

El financiamiento de Ahorro GNV proviene del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), cuyos recursos son aportados por grandes consumidores de electricidad, el transporte de gas natural y la importación de combustibles. El incumplimiento de pago por parte de los beneficiarios afecta directamente la capacidad del fondo para seguir apoyando la conversión de vehículos y ampliar la red de usuarios de GNV en el país.

La falta de control en la administración del programa también ha generado dudas sobre la eficiencia del sistema de financiamiento. Mientras que en provincias se otorga un incentivo adicional de S/1.000 para conversiones fuera de Lima y Callao, la ausencia de mecanismos de supervisión permitió que algunos beneficiarios incumplan con los requisitos sin enfrentar consecuencias.

Ante esta situación, la Contraloría  recomendó al MINEM y a la DGH tomar medidas urgentes para recuperar los fondos y evitar que la deuda continúe en aumento. Entre las acciones sugeridas se encuentra la implementación de un sistema efectivo de cobranza y la inclusión de los deudores en una central de riesgos, lo que ayudaría a reducir la morosidad y garantizar el cumplimiento de los pagos.