Durante las últimas horas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció dos medidas con motivo de estabilizar la economía a nivel nacional: un incremento gradual en el precio del diésel para grandes consumidores y un recorte del presupuesto nacional.

El funcionario explicó que el aumento en el valor del ACPM se aplicará a empresas que consumen más de 20.000 galones de este combustible. Esta medida, según mencionó, es clave  para enfrentar el déficit del FEPC, que generó una carga para las finanzas del Estado.

“Desde enero de 2020, e incluso antes de la pandemia, los precios de los combustibles quedaron congelados, eso quiere decir que desde hace cuatro años y cinco meses, no se toca el precio del diésel”, destacó a través de un discurso en la ciudad de Cartagena.

Cabe mencionar que la actualización de los valores se realizará mediante un decreto que alineará los locales con los estándares internacionales. Sin embargo, el incremento no afectará a los transportes masivos ni a las regiones no interconectadas que dependen en gran medida del diésel.

Al respecto Bonilla aseguró: “Es imposible que el Estado siga manejando unos subsidios que no corresponden a los sociales”. Por su parte, el déficit del Fepc en el apartado del diésel para 2024 se estima en 12 billones de pesos. En 2023, este fue de 15,2 billones, en esa línea, el ministro explicó que la brecha de la gasolina se cerró en enero de este año, alineando los precios con los estándares internacionales. 

La medida de aumentar el precio del diésel en aproximadamente 15 días, afectará principalmente a grandes empresas petroleras, de carbón, y aquellas que manejan grandes camiones. 

Bonilla mencionó que los transportadores están preocupados por este incremento, pero destacó que “los taxistas y camioneros están sobredimensionando el tema porque ellos transportan todo tipo de bienes y no solo alimentos”.

Además de la suba del ACPM, el ministro anunció un recorte presupuestario de 20 billones de pesos. Este ajuste se hace necesario para “sincerar las cifras” y garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado tras un recorte en el presupuesto nacional.