El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) promete ser una extensión del sexenio anterior, aunque con matices distintivos orientados a fortalecer las políticas públicas y establecer nuevas prioridades estratégicas. Entre los aspectos más relevantes en discusión en el Congreso de la Unión están las reformas constitucionales en materia energética, cuyo objetivo central es robustecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) como empresas públicas.
Estos cambios redefinen el carácter de CFE y PEMEX, posicionándolas como entes estatales enfocados en la seguridad y autosuficiencia energética del país, buscando garantizar beneficios directos a los usuarios, alejándose de una visión puramente productiva y orientada al mercado.
Sin embargo, el impacto de estas modificaciones en las inversiones son todavía inciertas. En conversación con Surtidores Latam, Javier Govea Soria, socio de GMB Abogados, explicó: “La participación del sector privado seguirá siendo necesaria, pero bajo nuevas reglas que aún están por definirse. Este proceso será fundamental para garantizar un equilibrio entre la autosuficiencia energética y los aportes externos, de manera que se mantenga la competitividad sin comprometer la estabilidad del sistema.”
Durante los últimos años, se han impulsado importantes esfuerzos de regularización dentro del sector energético, resultado de la colaboración entre la Onexpo Nacional y la ASEA. El programa “Ponte al Día” ha permitido a las estaciones de servicio cumplir con sus obligaciones ambientales, mientras que la ASEA introdujo el criterio ASEA-CTR-001-2024 para reemplazar tanques que no cumplen con los estándares de integridad mecánica.
Por su parte, la CRE ha lanzado varios acuerdos orientados a la actualización de permisos, tales como el A/080/2023 en materia de cesiones de derechos y los acuerdos A/089/2024 y A/090/2024 para cambios de marca y adecuación de permisos. Es por ello que el especialista subrayó que aún queda trabajo por hacer: “Falta implementar un programa de regularización enfocado en seguridad industrial y protección al medio ambiente. La llegada de un nuevo Director Ejecutivo a la ASEA es una oportunidad para que estas tareas pendientes avancen con mayor dinamismo.”
Asimismo, desde la Presidencia y la Secretaría de Energía, el mensaje es claro: la participación del sector privado seguirá siendo necesaria, pero deberá alinearse con los objetivos del país. El enfoque estará en promover energías limpias y renovables, respaldadas por esquemas de riesgo compartido que garanticen la estabilidad del sistema.
“El reto es encontrar un equilibrio entre los intereses del negocio y las necesidades del país. No solo se trata de rentabilidad, sino de contribuir a la seguridad energética de la Nación”, destacó el abogado.
Con estas reformas y esfuerzos de regularización, el sector energético se encuentra en un punto de inflexión. Las empresas deberán ser capaces de ajustarse a las nuevas normativas y, al mismo tiempo, innovar para mantener su competitividad en un entorno que prioriza la seguridad y la sustentabilidad. “Estamos ante una oportunidad histórica. Si todos los actores trabajan en sintonía, podremos construir un sector más fuerte, equilibrado y orientado al futuro”, concluyó Govea.
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