Petroperú, la principal empresa estatal del Perú, se encuentra en una situación crítica que llevó a sus directores a dirigirse a la opinión pública para exponer la grave realidad que enfrenta la compañía.

A través de un comunicado, los directores designados por la Junta General de Accionistas (JGA) detallaron las dificultades financieras y estructurales, mientras aún se espera una respuesta del gobierno sobre las acciones necesarias para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

La empresa señaló tres razones clave que explican su deterioro actual. En primer lugar, la histórica injerencia política y sindical ha debilitado la gestión de la compañía, alejándola de prácticas de buen gobierno corporativo y eficiencia.

En segundo lugar, la construcción de la Nueva Refinería Talara (NRT), cuyo costo se duplicó respecto al presupuesto inicial y según exponen, sigue generando impactos negativos en los estados financieros de la empresa, proceso que podría extenderse por al menos dos años más. Finalmente, el sobreendeudamiento que deterioró severamente los ratios de solvencia y liquidez de Petroperú.

Acerca del tema, Surtidores LATAM dialogó con César Gutiérrez Peña, Ingeniero Mecánico y expresidente de la empresa Petroperú. “El directorio de ha lanzado un comunicado donde entre otros mencionan con dramatismo, que la situación es insostenible y con tremendismo que una de las opciones es aceptar la quiebra y/o la liquidación de la empresa, posibilidad ya negada en múltiples veces por ministros de Estado y la propia mandataria Dina Boluarte, aunque no saben cómo hacerlo sin afectar la caja fiscal y la calificación de riesgo del país”, comentó.

Asimismo, el referente mencionó que el documento refleja una falta de diálogo y coordinación en la toma de decisiones entre el directorio y los miembros de la Junta General de Accionistas, particularmente aquellos responsables del Ministerio de Economía y Finanzas, como el ministro y los viceministros de Hacienda y de Economía.

“Lo que correspondería en una situación como ésta sería la renuncia de todo el directorio, pero han preferido una llamada de atención pública donde aparecen como los mandantes”, afirmó Gutiérrez.

Además, recordó que en julio de 2023, un informe del consorcio de consultoras Arthur D. Little y Columbus ya había advertido que, en el mejor de los casos, el valor de la empresa sería negativo en 537 millones de dólares para el año 2032. A pesar de estas alarmantes proyecciones, las recomendaciones, como la reducción de personal y el cierre de un ramal del Oleoducto Norperuano, no se han implementado.

Asimismo, el ex directivo también destacó que, a pesar del apoyo del Estado desde mayo de 2022, que ha incluido préstamos, aumentos de capital y líneas de crédito por un total de 3,682 millones de dólares, la situación financiera de Petroperú sigue siendo crítica.

“En condiciones normales en el mundo privado, la empresa ya hubiese entrado en liquidación y actualmente es completamente prescindible en el mercado, pues tiene una cuota de tan solo 25%. Sin embargo, la decisión política es mantenerla y está llevando al estado peruano a un riesgo enorme de deterioro de sus finanzas”, resumió Gutiérrez.

Ante este escenario, según el comunicado emitido por la empresa, el gobierno, que posee el 100% de las acciones de Petroperú, enfrenta tres opciones.

• La primera es continuar inyectando capital sin exigir cambios organizacionales, una estrategia que, según los directores, es “inmoral” dada la falta de resultados concretos en términos de eficiencia.
• La segunda sería aceptar la quiebra y/o liquidación de la empresa, lo que acarrearía serias implicaciones legales y financieras.
• La tercera opción, considerada como la más viable por el directorio, es una reestructuración profunda que contemple la inyección de capital condicionada a la implementación de medidas de eficiencia organizacional con el respaldo de una firma internacional de renombre.